Una vez concluidos los fastos por la boda entre el Príncipe Felipe y Dña Letizia Ortiz, aparte de la relativa calma mediática, llega el tiempo para la reflexión. El heredero ya esta casado, el pueblo feliz, la continuidad de la institución asegurada aún más y el papel de la monarquía reforzado en virtud de un agresivo marketing que durante meses ha copado periódicos, espacios televisivos y tertulias radiofónicas. Y decimos marketing, porque ha habido pocas ocasiones para el debate, para la reflexión sobre la institución y el derroche que en un amplio sentido ha supuesto este enlace. Muchos esgrimieron que en momentos de tanta felicidad compartida no cabía espacio para la reflexión crítica, pero parece injusto un planteamiento tan zalamero y unívoco como el que se ha brindado al evento, repetimos, durante meses y meses.

España se constituyó en 1978 como una monarquía parlamentaria en la que se reconoce la soberanía popular, y en la que el pueblo soberano aceptó unas reglas del juego político en el marco de la democracia, es decir, los designios del pueblo serían dirigidos, por primera vez en muchos años, por él mismo, y todos los poderes del estado debían estar sometidos a esta soberanía popular y al imperio de la ley. Pero como en los cómics de Asterix se incluía una salvedad, este sometimiento afecta a la vida política, económica, social, cultural... y a todas las instituciones menos en una, que resistía heroicamente a esta corriente democratizadora: la monarquía. Al rey no se le elige, primero se impone y luego se garantiza la sucesión dinástica, siempre con preeminencia para el descendente varón, en clara contradicción con el Art. 14 que garantiza la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. El rey no es responsable de sus actos, no se le puede juzgar por delito alguno, lo que le otorga un papel, no ya de primero entre iguales, sino un status superior a cualquier español, más aún cuando es la única institución exenta de control parlamentario. Y además se obliga al pueblo español al sostenimiento económico de la Corona. Un sistema de prebendas inconcebible en un estado democrático, si no fuera por la consideración del delicado momento histórico en el que se aprueba nuestra constitución, y que seguramente se justifica como el acuerdo menos malo que podíamos alcanzar. Luego se dice que el rey alcanzó una legitimidad de facto la noche del 23 F, cuando se limitó a cumplir con su cometido como Jefe del Estado. No vamos a cuestionar el mérito, pero si puntualizar que en recientes irregularidades en la utilización del ejercito español, de nuevo en contra de la voluntad popular y de espaldas al parlamento, el monarca no tuvo el mismo arrojo.

El caso es que nuestra joven democracia, va entrando en la madurez de los casi 26 años, en los que el niño ya piensa con claridad y esta capacitado para tomar decisiones que atañen a su futuro. De hecho ya se han planteado algunas reformas para adaptar la carta magna a los nuevos tiempos, alianzas políticas y realidades sociales. ¿Por qué no realizar esa reflexión sobre la Corona?. Quizás sea prematuro propugnar una España republicana, como reclaman algunos. Ese debate está aún inmaduro y muchas posiciones responden más a una especie de pose puesta de moda, que a un convencimiento y conocimiento de lo que se reclama, aunque ello no debe restar legitimidad a la reivindicación. Pero si es cierto que muchos de los preceptos que regulan el estatus de la Corona en nuestro Estado, son claramente antidemocráticos y generan una sensación de privilegios fastuosos, cuya mejor muestra es la boda que vivimos el pasado 22 de mayo.

Una boda más irreal que ninguna y perdonen el juego de palabras. Pero la mayoría de los españoles que pueden contraer matrimonio, no lo hacen en las condiciones y esplendor en que lo han hecho estos magnos contrayentes. No vamos a hablar ya del dispendio y expolio que supone gastar casi 20 millones de euros en el enlace, fuera del alcance de cualquier mortal (aunque costeado por todos), sino de la comodidad de una vida resuelta, libre de hipotecas, exenta de preocupaciones por traer y educar retoños, en la que no habrá disputas por el reparto de las tareas domésticas, ni ahogos económicos de fin de mes para pagar las facturas o permitirse disfrutar medianamente de ocio y vacaciones. Cuánta felicidad. Y muchos, serviles ante esta tesitura ajena en lo brillante, propia en cuanto a su financiación. Actos como este, rompen el tópico repetido hasta la saciedad de la cercanía de la monarquía al pueblo español. No hace falta realizar el experimento de preguntar si en este aspecto la gente del pueblo se siente cercana a sus príncipes, porque la respuesta es evidente. Lo que no parece tan claro es el control ante cualquier crítica a un sistema arcaico y en algunos aspectos profundamente injusto, que parece imponerse en los medios y por ende, en la sociedad.